Era de esperar. En plena tramitación de la mayor reforma normativa del tabaco en más de veinte años, no se le ocurre al Ministerio de Hacienda otra cosa que convocar una subasta —la primera— para nuevos estancos sin conocer las futuras reglas del juego. No tiene ninguna lógica.
Así las cosas, la Plataforma del Tabaco, que da voz a varios actores del mercado de labores, ha anunciado en las redes sociales que presenta un recurso de alzada ante la convocatoria de estancos con el ánimo de garantizar lo que considera derechos legítimos de los expendedores.
Estamos de acuerdo. La subasta, que podría haber sido una buena noticia hechas las cosas de otra manera, brilla por su opacidad y discrecionalidad. Se desconocen los criterios objetivos para determinar los nuevos polígonos, es decir, la localización de las nuevas concesiones.
En las fronteras, por ejemplo, hay previstas nuevas adjudicaciones en número superlativo. ¿Por qué? —nos preguntamos. Si uno de los objetivos primordiales de la subasta es que el número de estancos guarde una clara relación con la ratio poblacional ¿a qué vienen tantos estancos nuevos en poblaciones de escasos miles de habitantes?
Un estanco, más allá de una concesión del Estado, es una actividad económica que debe gozar de unas condiciones mínimas de rentabilidad y de un marco legal que le otorgue seguridad jurídica. No todo vale, y celebramos que nuestro sector haya alzado la voz para reclamar justicia.
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